Autor: Vanessa Escobar

Una Honduras transformada es una que provee condiciones justas de vida para nuestros ciudadanos lo que se traduce en una implementación de justicia social en nuestro país. No es que Honduras carezca de normativa para vivir en lo que denominamos un estado de derecho, sino que, aun contando con los estamentos que regulan el accionar del estado y sus funcionarios, que definen la división de los poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y que garantizan la protección de los derechos fundamentales de las personas, por sí solas, no son suficientes para brindar una apropiada interpretación y aplicación de la justicia, ya que las mismas se han desvirtuado por el partidismo político que en nada ha coadyuvado a disminuir problemas relevantes como, el alto índice de subempleo y desempleo, deficiencias en la atención de salud, falta de acceso a vivienda y un elevado porcentaje de analfabetismo. Este ambiente propicia el aumento de la impunidad, crea un nivel de desconfianza de nuestra gente en nuestro sistema político y de impartición de la justicia, promoviendo en cierta medida un espacio de aceptación implícita de la corrupción que, últimamente ha salpicado a muchos funcionarios de la Policía, del Poder Judicial, del Ministerio Público, y de diferentes entidades de gobierno.

Una Honduras transformada es, en la que impera la independencia en el actuar de los poderes del Estado, originando que cada institución y sus funcionarios actúen bajo los principios de la eficiencia administrativa y apegado a derecho. Es la que promueve en las entidades de gobierno y privadas, la cooperación y la concientización de sus miembros, permitiendo un intercambio de mejores prácticas para combatir la corrupción. Es la que implementa sistemas eficaces y transparentes de adquisición y contratación, abriendo las posibilidades para una justa competencia entre comerciantes, personas y empresas, de manera de obtener la mejor relación de precio y calidad en favor de los usuarios del sistema público. Es la que fortalece el sistema electoral, a través de la participación ciudadanía de forma igualitaria y sin discriminación; es la que elimina la financiación ilícita en las campañas y, es la que regula en función de fortalecer la democracia de la nación. Hay mucho por hacer, pero nada que no podamos lograr mediante la voluntad y accionar político y, con el involucramiento de la sociedad civil.